Mariana Ramos
Desde el 2019 se estableció que las plataformas tecnológicas deben pagar impuestos en México, y en junio de este año entró en vigencia una última revisión a la versión aprobada del complemento a Servicios de Plataformas Tecnológicas para hacerlas cumplir con la emisión de facturas de ingresos y retenciones por la adquisición de bienes o la prestación de servicios en internet; reforzando aun más el cumplimiento de la ley.
Progresivamente muchos prestadores de servicios han empezado a obedecer la normativa tributaria; no obstante para hacer más presión con el cumplimiento, ahora el Gobierno Federal ha propuesto un veto a Apps extranjeras que no se inscriban en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y que paguen su Impuesto al Valor Agregado (IVA).
La propuesta del veto a Apps de parte del Gobierno de México
Las medidas del gobierno para la recaudación de impuestos de parte de los prestadores de servicios por internet de nuevo plantea un veto a Apps que no se registren ante el SAT; esta propuesta se hizo en el pasado y causó polémica porque el apagón digital afecta directamente a los usuarios y raya en implicaciones a la libertad de expresión y posible uso discrecional para vetar del país plataformas tecnológicas.
De igual forma pese a las controversias que surgieron anteriormente se retomó esta propuesta de veto a apps en el Congreso, porque viene directamente del Gobierno Federal dentro del paquete económico para 2021.
El proyecto para cambiar la Ley del IVA formalmente dice: “Se propone establecer un mecanismo de control para que cuando los contribuyentes prestadores de servicios digitales residentes en el extranjero sin establecimiento en México incurran en omisiones fiscales graves se pueda llevar a cabo el bloqueo del acceso a internet de sus servicios”.
Rechazos a la medida propuesta
Frente a este escenario la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), que agrupa a los principales operadores de tecnología en Latinoamérica y el Caribe, alertó sobre el impacto de hacer un veto Apps o sitios web si estas no cumplen con el pago de impuestos.
El organismo señala que además de afectar la libertad de expresión, el veto a Apps implicaría una reducción en el desarrollo del comercio electrónico en el país; que fue clave durante la actual situación de crisis para mantener la economía activa.
Anteriormente habían advertido las consecuencias de aprobar una medida así y Sissi de la Peña, gerente de Comercio Digital y Organismos Internacionales en ALAI asegura que una disposición como esta sería “desproporcionada y con graves consecuencias para el ecosistema digital y sobre todo para sus usuarios, ya que atenta contra la naturaleza abierta de Internet y el ejercicio de derechos humanos básicos como la libertad de expresión y el acceso a la información”.
Además del rechazo de la ALAI, la Red por la Defensa de los Derechos Digitales también manifestó su discrepancia y señaló que un veto a Apps podría ser “lesiva a la libertad de expresión”.
Por otra parte el especialista Gonzalo Rojo de The CIU (The Competitive Intelligence Unit), consultora en telecomunicaciones, subrayó la dificultad técnica de vetar IPs específicas de plataformas en internet.
Medida desproporcionada que afectaría la economía digital en México
De igual manera la ALAI considera que esto puede crear alertas negativas en la inversión nacional y extranjera y el intercambio comercial. Además la directiva planeta que la propuesta ya había sido presentada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el Paquete 2020 y los legisladores la habían eliminado.
No solo advierten que afectaría la inversión extranjera, si no que limitaría a las pymes que entraron al comercio online, 2 de cada 10 según datos de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) citados por de la Peña. Por esto explica que “una desconexión de internet a las plataformas implica imponer barreras a la innovación, al desarrollo económico y en última instancia, a la supervivencia de PyMEs que han apostado por la digitalización”.
De momento solo queda esperar a ver si la propuesta progresa en el Congreso, en su resolución total que está planteada hacia mediados de noviembre.
Photo by Sara Kurfeß on Unsplash
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