El Servicio de Administración Tributaria (SAT) podría tener acceso permanente a los datos fiscales de millones de usuarios de plataformas como Netflix, Amazon, Tinder, Mercado Libre, Duolingo, HBO, Temu y Shein, de acuerdo con la nueva adición del artículo 30-B del Código Fiscal de la Federación (CFF). La medida forma parte del Paquete Económico 2026 impulsado por el gobierno de Claudia Sheinbaum, y busca fortalecer la fiscalización en la economía digital.
El acceso sería en línea, en tiempo real y de forma continua, lo que ha generado preocupación por una posible invasión a la privacidad de los usuarios. Según el texto aprobado, el SAT podrá consultar “la información que permita comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales”, lo que incluiría registros de transacciones, comprobantes de pago e historial de facturación.
Sin embargo, organizaciones civiles advierten que la redacción es ambigua y podría abrir la puerta a interpretaciones amplias, especialmente por el acceso directo y constante que tendría la autoridad a los sistemas de las empresas.
La reforma también contempla sanciones severas para quienes no cumplan. Si una plataforma digital se niega a otorgar acceso al SAT, podría ser bloqueada temporalmente en todo el territorio nacional, afectando directamente a los usuarios mexicanos.
Esto implicaría que los servicios de streaming, comercio electrónico o citas —como Netflix, Tinder o Amazon— podrían quedar fuera de funcionamiento hasta que cumplan con los lineamientos establecidos por la autoridad tributaria.
El nuevo artículo entrará en vigor el 1 de abril de 2026, y durante este periodo el SAT deberá definir las reglas técnicas y de seguridad necesarias, en coordinación con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, dirigida por José “Pepe” Merino.
El dictamen fue aprobado en la Cámara de Diputados con 335 votos a favor y 122 en contra, en su mayoría por la bancada oficialista. Sin embargo, la iniciativa provocó alarma entre empresas y organizaciones de derechos digitales.
La Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI) pidió eliminar el artículo 30-B, argumentando que implicaría “un acceso directo, permanente y en tiempo real a todas las operaciones de las plataformas digitales”, lo que vulneraría los principios de protección de datos personales.
En la misma línea, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) afirmó que el acceso en línea del SAT “constituye una interferencia desproporcionada en los derechos de la ciudadanía”, y que la propuesta “permite una invasión total y permanente de la información sin necesidad de probar que existan razones reales para hacerlo”.
Desde el gobierno federal, se defiende la reforma como una medida para combatir la evasión fiscal y garantizar que los modelos de negocio digitales cumplan con sus obligaciones tributarias. Según el documento del dictamen, “se requiere un marco que permita a las autoridades fiscales obtener la información suficiente para verificar el cumplimiento de cualquier tipo de obligación de los participantes del sector dentro de la economía nacional”.
El gobierno sostiene que el objetivo es regular operaciones digitales que actualmente escapan al control fiscal, incluyendo actividades como la venta de productos, servicios, y hasta la intermediación entre terceros en plataformas online.
Aun así, el debate sigue abierto y la reforma deberá discutirse próximamente en el Senado de la República, donde podrían realizarse ajustes antes de su promulgación.
Imagen: GPT-5
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